Con 6.200 hectáreas logra una producción de 300.000 toneladas e ingresos por $1.400 millones entre autoconsumo y excedente
10-08-2010 / El objetivo es garantizar el desarrollo económico con inclusión en cada una de las provincias argentinas, impulsando el autoconsumo como una forma de subsistencia para aquel que no puede acceder a los alimentos.
Hace 20 años la Argentina se encontraba en uno de los peores momentos de la hiperinflación. Esto generó problemas de abastecimiento alimentario en los sectores más vulnerables de la población.
Estas circunstancias acentuaron la inseguridad alimentaria de la clase baja, debido principalmente a la falta de acceso económico a ciertos grupos de alimentos.
Frente a ese panorama, se dio inicio al Programa Pro-Huerta, ejecutado desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y luego englobado, en el 2003, dentro del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que depende del Ministerio de Desarrollo Social.
Es así como el Estado se encontró con la misión de reformular el modelo de desarrollo alimentario desde la producción agraria, para, a partir de ahí, corregir los desequilibrios y las desigualdades sociales y regionales referidas al acceso a la tierra, a los recursos y servicios básicos.
El programa está dirigido a la población que se encuentra en condición de pobreza, y que por consiguiente enfrenta problemas de acceso a una alimentación saludable. De esta manera fomenta e impulsa la autoproducción en pequeña escala de alimentos frescos a través de un conjunto de prestaciones que se concretan en modelos de huertas y granjas orgánicas de autoconsumo en tres niveles: familiar, escolar, comunitario e institucional.
El proyecto se enmarca así dentro de la seguridad y soberanía alimentaria, como concepto de una nueva política en favor del que menos tiene. Esto redunda en capacitación progresiva, participación solidaria y acompañamiento en el mismo campo de las distintas familias u organizaciones.
Apoyado sobre la base de la agricultura orgánica –principal característica de la agricultura familiar– ha logrado un desarrollo a lo largo y ancho del país.
Roberto Cittadini, coordinador nacional del Pro-Huerta, explicó que el programa “llega a lugares en los que no existe institución alguna, reconstruyendo el tejido social de las comunidades y fortaleciendo las redes y organizaciones existentes en el territorio”.
De esta manera, el desarrollo de huertas y granjas familiares no sólo se constituye en un aporte a la seguridad alimentaria de millones de personas en la Argentina sino que favorece su inclusión y genera redes de trabajo e intercambio.
Liliana Periotti, subsecretaria de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social, destacó que “para el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, el Pro-Huerta es fundamental ya que tiene una fuerte mirada y tiene una realidad de trabajo en el territorio que apunta a la diversidad y a la situación puntual de cada familia”.
Por consiguiente, el programa estimula capacidades individuales y colectivas, fortaleciendo las redes comunitarias por medio de la organización social como base del desarrollo económico, promoviendo circuitos de producción y comercialización en el marco de la economía social, trabajando en la recuperación de especies vegetales y animales locales, facilitando el acceso a la tierra, el agua y las semillas, regenerando los suelos y aportando tecnologías que contribuyan a la protección del medio ambiente.
Programa. Cada familia recibe de manos del Pro-Huerta una bolsa de semillas, en el caso de las huertas, en tanto que las granjas reciben aves (gallinas ponedoras). También hay huertas comunitarias, escolares e institucionales. En este punto se busca también que los niños, a nivel escolar, sepan “lo que comen y por qué deben incorporar dichos alimentos”, reflexionó Periotti. Dichas escuelas pueden ser urbanas o rurales. Muchas de ellas cuentan con un comedor, con lo cual los productos de la huerta luego van a la mesa.
Cada una de estas huertas es seguida por un técnico que ayuda en su capacitación para el correcto uso de la semilla. En algunos casos se entregan plantines, cuya variedad es respetada según la región del país. En el último tiempo se ha incorporado el reparto de árboles frutales, como una medida más al aporte de la seguridad alimentaria.
Un dato no menor es el trabajo incondicional de más de 19.000 voluntarios que acompañan la labor de 700 técnicos.
Para realizar este proyecto se necesita dinero. El presupuesto del 2010 es de $33,8 millones. La mayor inversión –$8,7 millones– se destinan a la compra de semillas que se realiza a través de una licitación pública nacional. A esto se le agrega $1,3 millón en la adquisición de semillas con destino a Haití. En este país el proyecto está realizando un importante aporte que hoy es reconocido a nivel internacional.
En lo referido a los plantines se invierten $100.000. Para la compra de aves se destinan $3,1 millones, lo cual incluye, además, su alimentación, cuidado sanitario y estructural. En la compra de conejos hay $375.000. Respecto de los frutales, se necesitan $100.000 para su adquisición y reproducción. Para la logística del voluntariado y el personal técnico se emplean alrededor de $4,5 millones.
En la contratación de técnicos y administrativos se desembolsan $14 millones. Una cifra superior invierte el INTA, lo que habla a las claras de la decisión política a favor del sector agropecuario. Todos estos gastos y otros son contabilizados por la Fundación ArgenInta.
Un punto aparte corresponde al financiamiento de proyectos especiales y que son aquellos que exceden a la simple huerta. Esto tiene que ver con la provisión de agua (molinos), energías renovables o implementaciones para luego aplicarlo en la huerta (tractores, camiones, etcétera). Para esto se necesita cerca de $1,5 millón.
Impacto. El Pro-Huerta asiste hoy a 3,5 millones de personas de 3.600 localidades y parajes de todo el país que producen sus propias hortalizas, frutas, carne y huevos. Esto se traduce en 630.000 huertas familiares y 148.000 granjas en todo el país.
Las huertas a nivel nacional producen:?acelga, albahaca, arvejas, berenjena, brócoli, calabaza, cebolla, coliflor, lechuga, maíz, melón, pepino, perejil, pimiento, porotos, puerro, rabanito, remolacha, repollo, tomate, zanahoria y zapallo, entre otras. Éstas se distribuyen según zonas y necesidades.
También se impulsa el rescate de especies nativas como quinua, maíz y papa andina, o tradicionales de una región como el mango y algunas variedades de zapallos, entre otros.
Para todo esto se destinan 6.200 hectáreas, en las cuales se cosechan 311.000 toneladas. Si se tuviera que contabilizar en números lo que se destina a autoconsumo y el excedente que se vende en las ferias, los ingresos por estos productos sumarían un total de $1.400 millones anuales.
La red de vinculación de Pro-Huerta comprende hoy más de 10 mil instituciones, entidades de todo tipo, entre las que se destacan: municipios, centros educativos organizaciones de base, hospitales, centros de salud, entidades religiosas, minoridad y personas con capacidades especiales, centros de jubilados, organizaciones no gubernamentales, programas y organismos provinciales.
Excedentes. Además de la autoproducción, una línea de trabajo que se está afianzando en el Pro-Huerta es la de comercialización de excedentes. Los huerteros suelen asociarse para vender el excedente en ferias de la economía social, agroecológicas, o en sus propias huertas. Esta actividad está generando redes sociales muy fuertes.
Un reciente trabajo relevó la existencia de 140 ferias de productos agroecológicos y mercados asociativos en todo el país, al tiempo que el estudio señaló que la mayoría tenía relación con el programa.
Agricultura familiar. En este marco, el logro de la seguridad y soberanía alimentaria requiere consolidar el rol estratégico de la agricultura familiar. Su fortalecimiento socioproductivo permite disponibilidad de alimentos y entramados sociales locales densos. El desarrollo de este sector ofrece producciones más diversificadas, modelos productivos menos agresivos con el ambiente, mayor generación de puestos de trabajo, además de estructurarse en circuitos de proximidad, fortaleciendo las comunidades locales y haciendo más racional el gasto energético.
Datos del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (Cipaf), destacan que la agricultura familiar produce más del 53% del empleo rural.
Los pequeños productores representan el 66% de las explotaciones agropecuarias del país. Producen 23,5 millones de hectáreas, un 13,5% del total de las explotaciones agropecuarias argentinas. Además, las familias controlan el 80% de los cultivos de tabaco, algodón, yerba mate, caña de azúcar, mandioca, batata y papa. Tienen el 77% de los caprinos, el 48% de los porcinos, el 20% de los ovinos y el 19% de los bovinos.
Otra forma de analizar la importancia que tienen es a través de la frialdad de los números. En la actualidad, producen aproximadamente el 36% del volumen de cultivos intensivos a campo (hortalizas, aromáticas, flores, viveros), el 23% de cultivos bajo cubierta (frutas, flores y viveros), que representan el 24% del valor bruto de la producción. El 21% de los productos pecuarios, el 17% de frutales, el 16% de cultivos extensivos (cereales, oleaginosas, legumbres, industriales, alfalfa), y el 14% de forestales.
Por su parte, la horticultura ocupa a 250.000 personas, produce 10 millones de toneladas por año en una superficie de 200.000 hectáreas que generan ingresos por 4.500 millones de pesos y una exportación de u$s275 millones.
Respecto de la fruticultura, ocupa a 430.000 personas, lo que se traduce en una producción de seis millones de toneladas anuales e ingresos por $7.000 millones y ventas externas por u$s1.100 millones.
En definitiva, la experiencia del Pro-Huerta aporta a la reflexión y resignificación de la problemática del acceso a la alimentación, los modos dominantes de producción, distribución y consumo de los alimentos, el debate sobre el desarrollo territorial y el rol de la agricultura familiar.
Escrito por: Por Merino Soto
Extraído de: http://www.elargentino.com
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